Las diligencias que realiza la Procuraduría General ante las autoridades de Brasil en procura de pruebas para el caso Odebrecht 2.0 están avanzadas y el próximo jueves 28 sostendrán una segunda reunión para tratar sobre el tema de los “codinomes”, que es una de las informaciones que el órgano persecutor ya ha solicitado.
Así lo informó Rodolfo Espiñeira, primer sustituto de la procuradora general Miriam Germán Brito y quien ante la inhibición de la titular fue designado por el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) para continuar la investigación con la cooperación internacional.
Dijo que descifrar esos nombres es determinante para el Ministerio Público proseguir el caso en el país y por eso la ha solicitado a las autoridades brasileñas. “Nosotros estamos haciendo un esfuerzo serio para determinar si hay algo que aún se pueda perseguir porque ahí hay gente con codinomes (nombre en código, apodo, seudónimo, alias, etc) que nosotros pudiéramos sospechar de quienes se trata pero para instrumentar un expediente y hacer sometimiento a la justicia tenemos que confirmarlos, tener pruebas en su contra”, dijo.
Explicó que desde que la magistrada Germán asumió el cargo la PGR no ha dejado de tener contacto con el Ministerio Público Federal de Brasil, específicamente con los fiscales del área de la cooperación internacional, en diligencias sobre el caso Odebrecht.
“Hasta ahora esos contactos han sido a través de videoconferencias, debido a la pandemia del covid-19. La última reunión fue el pasado 27 de mayo y el jueves que viene tenemos otra para ir ya concretizando los aspectos en los que nosotros queremos cooperación”, agregó.
Recordó que Odebrecht está obligada mediante el acuerdo suscrito con la PGR, a aportar cualquier documento nuevo que apareciera y le sea requerido.
Como un logro de la actual gestión en la PGR en el caso Odebrecht, Espiñeira resaltó los dos fallos que fueron emitidos en tribunales de Brasil a favor del país y que obligan a la constructora a terminar de pagar los US$184 millones de indemnización, a lo que se comprometió mediante el acuerdo de lenidad.
Explicó que de esa deuda Odebrecht solamente abonó US$60 millones y que, tras declararse en quiebra, pretendió eludir los US$124 millones restantes, argumentando en los tribunales que se trataba de una deuda comercial.
Informó que en primera instancia el tribunal falló a favor de la República Dominicana y también el tribunal de apelación en materia de quiebra del Estado de Sao Paulo, donde Odebrecht apeló.
“Ellos sometieron ahora una especie de revisión técnica que ya fue respondida por los abogados de nosotros en Brasil y solo estamos esperando esa cuestión de forma para que la empresa reinicie los pagos”, puntualizó diciendo Espiñeira.
Para la apertura de este nuevo caso, el Ministerio Público además de la cooperación internacional (que a Perú le costó dos años conseguir) necesita el informe de auditoría especial que realiza la Cámara de Cuentas para determinar la sobreevaluación de las obras ejecutadas por Odebrecht, incluida la central termoeléctrica de Punta Catalina; y reabrir el caso de los ocho imputados cuyos archivos definitivos fueron declarados nulos.